La normativa, según expertos en “bienestar animal” (un concepto ya de por sí poco concreto y muy desvirtuado), es ambigua y deja bastante margen al criterio del investigador. Por ejemplo, establece que los animales que hayan sido usados ya en al menos un procedimiento solo podrán serlo de nuevo en caso de que se cumplan una serie de requisitos: que la severidad real de los procedimientos anteriores haya sido clasificada como “leve” o “moderada”; que se haya demostrado la recuperación total del estado de salud general y de bienestar del animal; que el nuevo procedimiento se haya clasificado como “leve”, “moderado” o “sin recuperación”; que cuente con asesoramiento veterinario favorable, realizado teniendo en cuenta las experiencias del animal a lo largo de toda su vida. Además, la propia ley precisa que el órgano competente, en circunstancias excepcionales y previo examen veterinario, podrá autorizar la reutilización de un animal aunque no se cumpla el primero de esos requisitos. Ese animal no podrá haber sido utilizado más de una vez en un procedimiento “que le haya provocado angustia y dolor severos o un sufrimiento equivalente”. El problema es que son los propios interesados en esos estudios los que clasifican el procedimiento (por lo que tenemos dudas de que no puedan ser clasificados como “leves” procedimientos que no lo sean), y que se obvia la evidencia de que todo procedimiento provoca, cuando menos, angustia.